Reforma de pensiones: avances, desafíos y el rol de los actores clave
Cristian Miranda Castro
Ingeniero Comercial, Universidad Gabriela Mistral
Experto en asesoría previsional, tributaria y financiera
Asesor Externo de CIEDESS, Cámara Chilena de la Construcción
Tras años de discusión legislativa, Chile concretó una reforma al sistema de pensiones que, si bien representa un avance significativo para actuales y futuros jubilados, ha generado diversas interpretaciones en el ámbito político, económico y laboral. Para Cristian Miranda, experto en asesoría previsional, tributaria y financiera, “si bien quedó la sensación de un buen acuerdo político, no se trata necesariamente de una buena reforma a nivel técnico”.
¿Cuáles son los principales cambios que introduce la reforma al sistema de pensiones?
La reforma contempla varias modificaciones estructurales. Entre las más relevantes están el aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU), la creación de una cotización adicional del 7% a cargo del empleador, la implementación de un seguro social previsional, un beneficio por años cotizados y una compensación a mujeres por su mayor expectativa de vida. También incluye cambios importantes a la industria de las AFP, como la licitación del stock de afiliados y la incorporación de nuevos actores, la creación de fondos generacionales y un nuevo sistema único de cobranza previsional.
¿Cómo impacta esta reforma en las áreas de recursos humanos dentro de las empresas?
El impacto es profundo. La reforma exige a las áreas de Personas o RR.HH. asumir un rol estratégico, dando urgencia al tema previsional desde la planificación corporativa. Además, ajusta los presupuestos tanto actuales como futuros ya que el 7% adicional a cargo del empleador no estaba contemplado en los presupuestos de 2025 de ninguna empresa. Esto se suma a otros aportes obligatorios, como el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS), el Seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, y el Seguro de Cesantía.
¿Qué desafíos enfrentan los empleadores con esta reforma?
El principal desafío es financiero. El incremento en los costos laborales genera una presión adicional, especialmente en un contexto económico complejo: bajo crecimiento, desempleo superior al 8% y otras leyes vigentes como la Ley de 40 horas, la Ley Karin y la Ley de Conciliación Familiar. Todo esto pone a prueba la capacidad de las empresas para seguir contratando y mantener sus márgenes operacionales.
¿Y los trabajadores? ¿Qué desafíos enfrentan ellos?
La falta de educación previsional a todo nivel complica más aún la ecuación. Hablar de una reforma sobre un sistema de pensiones donde hay gran desconocimiento de base, dificulta el avanzar sin tener que dar unos pasos atrás para explicar desde el origen lo que se está reformando.
¿Qué rol juegan las AFP y la Superintendencia de Pensiones en esta nueva etapa?
Las AFP deben enfrentar un doble desafío. Por un lado, implementar los cambios que exige la reforma y por otro, mejorar la comunicación con sus afiliados mediante sistemas tecnológicos modernos y accesibles. Además, deberán competir con nuevos actores en un escenario sin licitación de nuevos afiliados, lo que exigirá una mejora en la calidad del servicio para retener y atraer a los trabajadores que ingresen al sistema.
La Superintendencia de Pensiones, como ente regulador, tiene la tremenda responsabilidad de cumplir los hitos entregados en la hoja de ruta de la reforma. Reglamentos, circulares y consultas normativas son el corazón de esta reforma, en la cual no sólo se debe cumplir con los plazos establecidos sino también entregar las certezas normativas de que la implementación será la más adecuada.
Finalmente, ¿qué responsabilidades asume el Estado de Chile con esta reforma?
El Estado será responsable de administrar el nuevo seguro social previsional, que incluye el 4% del aporte del empleador (1,5% en Préstamo con Rentabilidad Protegida, 2,5% del seguro social más el SIS). Aunque el diseño final del seguro está lejos del proyecto original presentado por el gobierno, su implementación será clave para fortalecer el rol del Estado como garante de la seguridad social. Este será, además, un desafío que heredará el próximo gobierno a partir de marzo de 2026.