Daniela Quintana Quintana
Directora Magíster en Tecnologías Aplicadas a la Construcción, Universidad Autónoma de Chile
Secretaria Académica Facultad de Arquitectura, Construcción y Medio Ambiente, Universidad Autónoma de Chile
Chile enfrenta desde hace décadas una creciente frecuencia e intensidad de incendios forestales, fenómeno agravado por el cambio climático, la expansión urbana en zonas de interfaz y un modelo de ocupación del suelo altamente fragmentado. Los incendios del verano de 2023 y 2024 volvieron a poner en evidencia las limitaciones de nuestro sistema de prevención, respuesta y reconstrucción frente a este tipo de desastres.
Ante este escenario, Daniela Quintana, ingeniera en construcción y doctoranda en economía de la energía, plantea que la pregunta ya no es sólo cómo reconstruir sino cómo hacerlo mejor: con criterios técnicos, normativos y sociales que reduzcan la exposición al riesgo y fortalezcan la resiliencia territorial.
¿Cuáles son los principales déficits técnicos e institucionales en materia de prevención y gestión post-incendios en Chile?
Hoy existe una débil incorporación de criterios técnicos de prevención y mitigación de incendios en la urbanización de zonas de interfaz urbano-rural. A diferencia de lo que ocurre en países como Estados Unidos, que cuenta con normativas como el Wildland- Urban Interface Code, en Chile no hay estándares obligatorios que regulen materiales, diseño urbano o manejo de vegetación en áreas de alto riesgo. Necesitamos avanzar hacia una normativa técnica vinculante, similar a la norma sísmica NCh433.
Además, el proceso de reconstrucción suele estar liderado por múltiples entidades con escasa coordinación estructural. La falta de una autoridad nacional de reconstrucción, con continuidad institucional y capacidad técnica, genera respuestas fragmentadas y soluciones transitorias, muchas veces incompatibles con la realidad local o las condiciones del suelo post-incendio.
¿Existen vacíos normativos en la planificación territorial frente a desastres naturales como los incendios?
Sí. Los Planes Reguladores Comunales, en su mayoría desactualizados, no incluyen cartografía de riesgo térmico ni criterios para construir en zonas expuestas a incendios. Además, la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) aún no incorpora de forma obligatoria el riesgo climático en la planificación urbana, lo que contrasta con ejemplos como Australia, donde la ley obliga a integrar estos riesgos desde el diseño de proyectos.
¿Cómo ha sido la gestión del suelo en procesos de reconstrucción?
Creo que ha predominado una lógica de urgencia que prioriza la rapidez por sobre la planificación. Esto ha llevado a relocalizar familias en zonas con escasa conectividad, servicios deficientes o suelos no aptos, lo que genera soluciones vulnerables. Tampoco se cuenta con catastros fiables que orienten la toma de decisiones, por lo que se requiere con urgencia un sistema nacional de evaluación post-incendio que incluya análisis de suelo, riesgos, diagnóstico habitacional y conectividad territorial.
¿Qué rol juegan en este escenario, la informalidad y la autoconstrucción?
Uno crítico. Muchas viviendas en tomas o loteos irregulares están fuera del sistema formal, lo que incrementa el riesgo y dificulta su reconstrucción. Al no cumplir requisitos técnicos ni contar con permisos, estas construcciones no acceden a subsidios ni figuran en catastros oficiales, lo que hace urgente una política de regularización integral, con acompañamiento técnico y educación en construcción segura. Colombia ofrece un buen ejemplo con su Programa de Asistencia Técnica en Sitios de Alto Riesgo.
¿Qué propuestas concretas permitirían una construcción más resiliente?
Desde una perspectiva técnico-normativa, se plantean propuestas como prioritarias.
Crear una normativa específica para zonas de interfaz urbano-rural, con estándares mínimos de diseño, materiales y accesibilidad; reformar la LGUC y el Decreto N°47 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, incorporando el riesgo de incendios como variable obligatoria, y establecer un Sistema Nacional de Reconstrucción permanente, con capacidades técnicas y enfoque territorial. Además, implementar catastros dinámicos post-incendio usando tecnologías como SIG, drones y sensores remotos para levantar información precisa.
¿Cuál debería ser el enfoque futuro de la reconstrucción en Chile?
La reconstrucción en Chile no puede seguir reducida a una respuesta reactiva. Debe convertirse en una política pública estructural basada en evidencia técnica, planificación territorial y aporte a la sociedad. La resiliencia no se improvisa; se diseña, se regula y se gestiona con visión de futuro. Ante una amenaza climática cada vez más severa, reconstruir mejor no es una opción: es una obligación.